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Protección de la niñez en Costa Rica

El corazón se estremece al conocer noticias de eventos trágicos de violencia que acabaron con la vida de dos menores de edad recientemente en nuestro país. Sus muertes han dejado al descubierto la grave crisis que enfrenta la protección de la niñez en Costa Rica.

El último de los casos, de una menor que incluso había dejado por escrito los maltratos que recibía, detonó la salida de la anterior presidenta del Patronato Nacional de la Infancia, aplacando, por lo menos temporalmente, el clamor generalizado de una mejor respuesta institucional a las denuncias, que evite la pérdida de vidas mediante una intervención a tiempo, proactiva y efectiva.

El cambio de jerarca se dio y como dice el refrán, “toda escoba nueva barre bien”, se tomaron medidas e incluso se intervino un hogar por denuncias de malos tratos de los propios niños que ahí eran atendidos.

Nada devolverá la vida a los menores que fallecieron víctimas de viles agresiones, sobre cuyos homicidas debe de caer todo el peso de la ley, pero se trata de señales en la dirección correcta, aunque evidentemente siguen siendo insuficientes.

La más reciente encuesta sobre Mujer, Niñez y Adolescencial publicada en agosto del año pasado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Unicef, en Costa Rica revela que casi la mitad, el 49% de los niños costarricenses ha sido víctima de algún tipo de violencia al menos una vez en su vida.

La investigación, elaborada con el apoyo del Instituto Nacional de Estadística y Censos y el Ministerio de Salud revela que la violencia más común es la psicológica, pues uno de cada tres menores de 15 años en el país (34%) la ha sufrido. La violencia física alcanza un 33%, porcentaje al que se le suma el 2.6% que asegura haber recibido castigos físicos severos.

Al analizar el castigo físico severo por grupos de edad, se observa que los que más sufren de este tipo de castigos son los niños de entre 5 y 9 años, así como los de 10 a 14 años, ambos comparten el 3 % cada uno. Además, se comprobó que el 24 % de las madres o cuidadoras considera que un niño necesita se ser castigado físicamente.

Junto a estos datos alarmantes está el riesgo de pensar que el bienestar de los niños y niñas en nuestro país es una responsabilidad exclusivamente institucional, dejando por fuera otras instancias clave en la materia, como son los entornos familiares, deportivos, escolares y hasta eclesiales.

La protección de los niños y las niñas es una responsabilidad compartida entre todos los actores de la sociedad. Nadie puede ni debe lavarse las manos señalando obligaciones en otras partes si de suyo propio no toma las medidas para garantizar que ningún menor en su entorno sufra de maltrato o agresión.

Es difícil pensar que nadie alrededor de los niños asesinados en los últimos meses sabía que eran víctimas de violencia. El entorno familiar y hasta los vecinos en este caso tienen una responsabilidad primaria en advertir a tiempo situaciones como éstas e incluso de tomar medidas para detenerlas, como es, en primera instancia, la denuncia a las autoridades correspondientes.

Pero para lograrlo, es necesario que primero las familias sean fortalecidas, que en lugar de fomentar el divorcio, como lo han hecho los diputados en los últimos días, se creen políticas públicas que la beneficien y custodien, que la acompañen en las crisis y les ayuden a sanar las heridas que muchas veces arrastran sus miembros y que desembocan en situaciones de desintegración y violencia.

Esta visión amplia sobre la protección de los menores tiene que llevar a considerar también los nuevos riesgos a los que están expuestos nuestros niños y niñas, como son el acoso a través de Internet, la plaga del turismo sexual y de las relaciones impropias de adultos con menores de edad, que desgraciadamente también se han hecho un espacio en nuestra sociedad.

Desde luego que el flagelo de los abusos sexuales no queda fuera de esta consideración. Y es la Iglesia la primera en pedir perdón y exigir justicia, consciente de los errores cometidos pero con la convicción y el compromiso de que no vuelvan a suceder.

En este tema estamos ante un problema universal y transversal que desgraciadamente se verifica en casi todas partes. Debemos ser claros: la universalidad de esta plaga, a la vez que confirma su gravedad en nuestras sociedades, no disminuye su monstruosidad dentro de la Iglesia.

Frente a la violencia contra los menores, los creyentes estamos convencidos de estar ante una manifestación del mal, descarada, agresiva y destructiva. Detrás y dentro de este flagelo está el espíritu del mal que en su orgullo y en su soberbia se siente el señor del mundo y piensa que ha vencido. Es el mal que no perdona ni siquiera la inocencia de los pequeños. “Detrás de esto está satanás”, ha dicho con claridad el Papa Francisco. 

Por eso la respuesta efectiva para combatir este mal no está en acciones efectistas para llamar la atención, reuniones improductivas o discursos vacíos, la protección de la niñez pasa, en primer lugar, por la conversión del corazón, por la aceptación del bien y su instauración en las relaciones humanas, familiares y sociales, en la capacidad de entender la realidad del que sufre y asumirla como propia, en la misericordia, el amor y el perdón.

Del dolor y el sufrimiento de tantos niños y niñas en nuestro país tiene que surgir el brote nuevo de la esperanza y del compromiso con la vida digna y en paz a la que todos tenemos derecho como hijos e hijas de Dios.

 

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