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Nuevos impuestos sin reactivación económica

Junio ha sido llamado por el presidente de la República Carlos Alvarado como “el mes de la reactivación económica”. Evidentemente, las medidas y decisiones que se tomen en este sentido no tendrán un efecto inmediato ni mágico para hacer que se restablezca la confianza y se creen las condiciones para que la actividad de los agentes económicos vuelva a fluir.

Tomará tiempo, por ejemplo, recobrar el camino de la creación de nuevos puestos de trabajo, un campo dejado de lado por años con las consecuencias que ahora enfrentamos, con más de un 13% de desempleados en el país.

Está bien que se piense finalmente en reactivar la economía, en bajar el encaje mínimo legal, en atender el tema de las tasas de interés y en incentivar la inversión haciendo más atractivos los préstamos, pero se llega tarde.

Y se llega tarde porque el próximo 1 de julio entrará en vigencia la aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que gravará una serie de servicios que no pagaban impuesto alguno y aumentará la tasa del casi extinto Impuesto de Ventas.

El problema es que a lo largo de todo este año desde que fue aprobada la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, ni el Ministerio de Hacienda, ni su Dirección Nacional de Tributación han sido capaces de explicar de un modo comprensible los alcances de esta nueva ley en todos sus extremos, las adecuaciones contables que tendrán que hacer las empresas y los mecanismos de transición hacia el nuevo esquema tributario.

Esto es tarea resuelta para las grandes empresas y corporaciones que pueden pagar una millonaria asesoría tributaria y contable que los oriente en estos campos, pero para muchos emprendedores que desarrollan su pequeño negocio, e incluso para muchas pequeñas y medianas empresas, se trata de nuevas condiciones en las que existe un nulo acompañamiento y una incertidumbre creciente.

¿El resultado?, que muchas personas que tienen su pequeño negocio terminarán rindiéndose ante la amenaza que supone no poder estar a la altura de los nuevos requerimientos legales, y con ello, se aumentará el desempleo, la informalidad y la contracción económica.

Basta con salir a la calle y hablar con las personas para percatarse del enorme desconocimiento que existe en este momento sobre la nueva ley y en particular de aspectos como la correcta aplicación del IVA y la factura electrónica.

Falta una campaña formativa de largo alcance en medios de comunicación, faltan asesores tributarios buscando a los emprendedores y a las pequeñas y medianas empresas para asesorarlas y que puedan cumplir sus nuevas obligaciones, falta un centro de comunicaciones ágil y que de verdad resuelva las dudas, faltan herramientas tecnológicas como programas y aplicaciones contables que se puedan descargar libremente para reportar y pagar el IVA fácilmente, falta… escuchar al pueblo que clama por una mayor claridad ante lo que se avecina.

Por eso, compartimos la idea de que, por prudencia, es mejor tomar un tiempo y aprovecharlo para asegurarse de que lo que inició como una buena intención, no termine en un despropósito mayúsculo que profundice aún más la grave situación social y económica que enfrenta el país.

Este tiempo, que podría ser de tres a seis meses, debe ser aprovechado por el gobierno para realmente crear las condiciones para la reactivación económica, y que la entrada en vigor de las nuevas reglas y tasas tributarias se de en un momento de mayor dinamismo para que logre los objetivos propuestos.

Lo contrario, obcecarse con la imposición del nuevo esquema tributario sin atender la voz del pueblo, podría resultar en graves consecuencias. Como decían nuestros abuelos, el remedio puede terminar siendo peor que la enfermedad.

El Poder Ejecutivo tiene el deber de actuar, pero primero de escuchar, para tomar las mejores decisiones por el bien de todos.

 

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