Crisis de pagos y ética tributaria

 

De acuerdo con el Poder Ejecutivo, el país corre el grave riesgo de entrar en una crisis de pagos y no poder cancelar sus obligaciones económicas. 

Las alarmas fueron encendidas por el propio Presidente de la República Luis Guillermo Solís en cadena nacional de televisión, coincidentemente con el inicio del periodo de sesiones legislativas en que el Gobierno marca la pauta de los proyectos que considera prioritarios.

Son delicadas por igual las noticias de que no hay dinero para pagar los aguinaldos del sector público como que los programas sociales de ayuda a los que menos tienen podrían ver comprometido su futuro por falta de liquidez.

En el fondo sigue latente el tema del creciente déficit fiscal y la necesaria reforma tributaria que simplifique los procesos, transforme el impuesto de ventas y lleve el nuevo impuesto al valor agregado al 15%, entre otras medidas.

Casi todos parecen coincidir en que es importante entrar en esta discusión, sin embargo, y con razón, también se argumenta que el ejemplo comienza por casa y que ayudaría mucho un mayor compromiso de parte del Gobierno para poner límites a los beneficios desproporcionados y fuera de toda racionalidad que gozan muchos funcionarios públicos y grupos sindicales.

Unos y otros llevan razón, y desde sus posiciones perfilan la solución del problema: un compromiso común ante una situación que es apremiante y que si no se atiende, puede llegar a ser catastrófica.

El problema es que esta situación tiene como marco un año electoral cuando la politiquería, la demagogia y el oportunismo han tomado el lugar del compromiso y la responsabilidad.

Así, más que soluciones, lo que se lleva al escenario público son acusaciones, reproches y descalificaciones mutuas, con miras a debilitar una u otra trinchera política de cara a las elecciones nacionales del próximo año.

Así nunca vamos a salir del hueco en que nos encontramos. Y no hablamos de desconocer las acciones o inacciones de las últimas tres administraciones y sus respectivas asambleas legislativas, sino de mirar hacia adelante y encontrar una solución al problema antes de que la bomba estalle y nos veamos en una crisis que afectará a todos por igual.

Desde el punto de vista ético el principio es simple en su enunciado, pero complejo en su aplicación: en temas fiscales y tributarios, cada quien debe de aportar al bien común de acuerdo con su condición y posibilidad, los ricos deben de hacerlo como ricos y los pobres como pobres.

La práctica sin embargo, es que se usan mil formas de evadir el pago de impuestos. Hay empresarios, no todos, que maquillan sus números para pagar lo mínimo pero exigen condiciones de primer mundo en el desarrollo de sus negocios. 

Hay profesionales liberales que ejercen la profesión al margen de sus responsabilidades con el país, desconociendo que muchos de ellos estudiaron en universidades públicas, con becas, profesores e instalaciones pagadas por todos.

El cinismo y la doble moral llegan a niveles insospechados en esta materia, por eso, pensamos que la primera gran medida para enfrentar la crisis tiene que ser afinar y profundizar los procesos de cobro para que nadie que deba aportar se quede sin hacerlo. Evadir impuestos es un grave pecado y un ataque directo a la vida en sociedad. 

Luego, por supuesto, hay que limitar los beneficios, prebendas y lujos del sector público. No hay otro camino. Y finalmente, crear o reformar las leyes para cobrar más y mejor los impuestos.

Se requiere para ello un diálogo nacional que anteponga el bien común a las guerrillas partidistas y los intereses personales o gremiales. 

 

Seamos parte de la solución, no del problema.