“Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental”.

De este modo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su artículo 26 la importancia de la educación, la cual, como todos sabemos, ha venido a menos en los últimos años en nuestro país, con el lamentable agravamiento de problemáticas tras la pandemia, así como el aumento de las brechas que ya de por sí existían.

Recientemente, los obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica aportábamos una reflexión sobre la importancia de unirnos en un Pacto Nacional por la Educación, en el cual, una vez más pedimos que se ponga a la persona humana en el centro de todo proceso educativo.

“Avancemos decididamente hacia un Pacto Nacional por la Educación fruto de la participación de todas las instancias sociales, aportando la propia visión en un diálogo abierto y respetuoso para la búsqueda conjunta de caminos comunes satisfactorios para todos. De hecho, la ruptura del pacto educativo es el origen de los desequilibrios que experimentamos en la educación. Es urgente hoy un nuevo período de compromiso educativo que involucre a todos, que genere espacios para la participación y el entendimiento para que podamos unirnos con este objetivo”, decíamos los obispos en el mensaje del pasado 13 de julio.

Sabemos que Costa Rica se ha caracterizado por invertir en la educación a lo largo de los años; por establecer educación gratuita y obligatoria para los niños y jóvenes, por educación de calidad y, en algunas ocasiones, con modelos que han permitido grandes avances en la población.

No obstante, al mismo tiempo fueron creciendo las brechas sociales y la calidad educativa no era la misma para todos; también el acceso a la educación básica se ha reducido en muchas zonas y ni qué decir lo que es el acceso a la educación superior.

Ya hace seis años en mi IV Carta Pastoral, Y serán mis testigos, decíamos: “La zona norte no cuenta con suficientes posibilidades accesibles a la educación superior, de forma que aquellos jóvenes que tienen recursos necesarios, se ven obligados a emigrar al área metropolitana en búsqueda de oportunidades; mientras que aquellos que no, ven naufragar sus aspiraciones en un mundo laboral sumamente estrecho, que ni a ellos, ni a los jóvenes que salen a estudiar, les ofrece alternativas de desarrollo personal y familiar. Una sociedad que descarta a sus jóvenes, está sacrificando, sobre el altar del sin sentido, su propia esperanza”.

Tras la pandemia, datos oficiales del Ministerio de Educación Pública daban cuenta, por ejemplo, del poco acceso a la conectividad en toda la Región Huetar Norte. Así se reflejó en otras zonas también.