El último Informe sobre el Estado de la Nación (2022) es claro en apuntar las amenazas ambientales que penden sobre nuestro país y que comprometen la base material sobre la que descansa la vida y el desarrollo humano de todos los costarricenses.

El tema es muy delicado, pero lo más grave es que no parece ser un asunto de prioridad para las acciones, ni del gobierno, ni de ningún otro sector con poder de acción o con capacidad de distanciarse de los intereses económicos, ideológicos y políticos que a menudo empañan los asuntos relacionados con el cuidado del ambiente en nuestro país.

Algunos de los hallazgos reportados sirven para dimensionar lo que estamos hablando: en materia energética, por ejemplo, se experimentó por primera vez en la última década un aumento en la demanda de electricidad superior al 4%. También se registró un incrementó en el volumen anual de agua explotada de pozos: 99,3%, en un contexto de déficit hídrico y sequía. Al mismo tiempo se restablecieron las tendencias en el uso urbano del suelo.

El retorno post pandémico a patrones poco sostenibles convive con efectos de alto impacto sobre el ambiente, la economía y los medios de vida de la población: el peso sostenido en las emisiones contaminantes generadas por el sector transporte; una profundización de los problemas de disponibilidad de agua para el consumo de los hogares y lentos avances en la adopción o actualización de los planes reguladores a nivel cantonal.

En términos generales, se concluye que, una vez más, el país desaprovechó la oportunidad de consolidar cambios en áreas esenciales para la sostenibilidad ambiental y el desarrollo humano.

Muy triste, pero desaprovechar las oportunidades parece ser una lamentable constante en la realidad nacional, marcada más por el oportunismo del momento y las decisiones apresuradas que por visiones de largo alcance y procesos de fondo que conduzcan a nuevos modelos y nuevas formas de relación con los recursos naturales.

Si a ello aunamos el debilitamiento de las capacidades institucionales que comprometen las fortalezas históricas del país en cuanto a conservación, tenemos la conjunción perfecta para un desastre no solo ambiental, sino también humano y social.

El estado de nuestros ecosistemas es una muestra de ello: por un lado, según el Informe, la cantidad de especies en amenaza con distribución en Costa Rica aumentó un 12,3% entre 2020 y 2021, pero por otro, la superficie contratada bajo el programa de pago por servicios ambientales se redujo un 83,1%. Esta situación aumenta la probabilidad de que se pierda cobertura arbórea y debilita al único sector que remueve una buena parte de las emisiones contaminantes que se generan en el territorio nacional.