Cada vez que usted compre algo un porcentaje del Impuesto de Ventas que paga podría aportar a su pensión en el futuro. Se trata de un innovador proyecto de Ley de Pensión basada en el consumo que se discute en la Asamblea Legislativa.

La propia Conferencia Episcopal de Costa Rica ha considerado este proyecto como altamente necesario para el país, pues permitiría ampliar la cobertura del Régimen de Invalidez Vejez y Muerte (IVM), es decir, más personas podrían acceder a una pensión, lo que eventualmente reduciría la pobreza y exclusión social. Además, fortalecería el Sistema de Pensiones y la lucha contra la evasión fiscal.

Se trata de una iniciativa del Dr. Walter Coto Molina, con el aporte de otros especialistas. La idea básicamente es que cada vez que una persona compre un producto o servicio, un porcentaje del Impuesto de las Ventas iría para ese “fondo de pensión”.

En esencia la idea consiste en que cuando una persona compra y paga el 13%, entonces se acredite un 10 % al Estado y un 3 % escalonado al consumidor, a partir de la vigencia de la ley, en una cuenta individual.

Esto ayudaría principalmente a los ciudadanos que por alguna razón no pueden optar por una pensión, es decir, hay un componente solidario. A su vez, los consumidores se convertirían en fiscales de la hacienda pública, pues estarían interesados en que los comercios apliquen el impuesto para que así haya un aporte a su pensión.

Para hacer esto posible, se requiere establecer un mecanismo para que cada persona registre las compras que hace; así, conforme las personas realizan compras se acreditan fondos a una cuenta de ahorro individual que luego será utilizada para financiar la pensión.

“Como casi todas las personas realizan compras, una pensión basada en lo que las personas consumen estará al alcance de toda la población costarricense.  Así, la persona que compre bienes y servicios acumulará un fondo que será utilizado en el momento de su jubilación, incluidas las personas muy jóvenes, quienes desde que empiecen a consumir van a empezar a acumular un fondo de pensiones”, dice el texto del proyecto de Ley.

“Esto significa -añade- que todas las personas que tengan sesenta y cinco años podrán disponer, a partir de ese momento, de un ingreso cuyo origen fue generado indirectamente a lo largo de sus vidas”.

El texto también detalla que aunque la persona sea asalariada o no puede ser parte de este sistema. “Todo ciudadano, rico o pobre, trabajador en planilla, o independiente, tendrá la posibilidad de acceder a este beneficio en su condición de consumidor. Es un sistema universal, y para que funcione no requiere cargas en la planilla de los trabajadores, ni de una contribución patronal o estatal”, indica el proyecto.

De acuerdo con Walter Coto, la evasión del impuesto de ventas que hoy ronda el 40 % y, si se aprobara este proyecto, calcula que la evasión se reduciría en un plazo de siete años de un 32% a un 10 % aproximadamente.

La propuesta también busca ser solidaria y toma en cuenta aspecto como la disparidad en el consumo, pues quienes tienen más dinero pueden consumir más que otros que ganan menos.

Por lo tanto, plantea mecanismos de solidaridad, como por ejemplo, que los consumos mayores de 25 salarios base, un 70 por ciento de su exceso se distribuya entre los consumos más pobres.

El texto ya fue aprobado en la Comisión de Asuntos Económicos en el primer trimestre del 2022 y está listo para entrar a Plenario Legislativo, donde requeriría 29 votos para su aprobación.