Según informa Vatican News, aun no se ha fijado oficialmente una fecha para el inicio del juicio, no obstante, los jueces dictaron prisión preventiva contra el obispo y confirmaron su arresto domiciliario (que ya alcanza los seis meses).
También se mantiene una orden de detención contra el sacerdote Uriel Antonio Vallejos, párroco de la parroquia Jesús de la Divina Misericordia de la ciudad de Sébaco, sobre quien pesan los mismos cargos que sobre el obispo, y que sigue en el exilio.
El pasado 13 de diciembre, el tribunal había admitido la acusación presentada por el fiscal especial del caso, Manuel Rugama, contra monseñor Álvarez, había confirmado el arresto domiciliario del obispo y había fijado la primera vista para hoy, 10 de enero.
Monseñor Álvarez Lagos, obispo de la diócesis de Matagalpa, es el primer obispo detenido y procesado desde que el presidente Daniel Ortega volvió al poder en Nicaragua en 2007 con el partido sandinista.
Tras 15 días de asedio constante, el 19 de agosto, por la noche, a las 3:00 a.m. de la madrugada, agentes de la Policía Nacional de Nicaragua irrumpieron a la fuerza en el Palacio Episcopal de Matagalpa y se llevaron al obispo y a sus colaboradores, durante horas no se supo del paradero de ninguno.
Desde entonces Monseñor está bajo arresto domiciliario y sus colaboradores permanecen en la prisión conocida como el Chipote. Todos a la espera de un juicio, el cual, de todas formas, posiblemente esté viciado.
Persecución contra la Iglesia
El régimen de Daniel Ortega también ordenó en marzo la expulsión del Nuncio Apostólico, Mons. Waldemar Stanislaw Sommertag, quien servía como tal desde 2018.
Cabe también recordar el exilio al que se vio obligado Mons. Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua, por petición del Papa Francisco, ante las intimidaciones y amenazas de muerte de las que estaba siendo víctima. De hecho, la ex embajadora estadounidense en Managua, Laura Dogu, reveló que tenían informaciones de un plan para asesinarlo.
El 6 julio pasado, las religiosas de la Caridad Santa Teresa de Calcuta fueron expulsadas del territorio nicaragüense, tras ser acusadas, junto a un centenar de organizaciones sociales, de no respetar las leyes de Financiamiento al Terrorismo y de Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, entre otros disparates.
Asimismo, se ha ordenado el cierre de medios de comunicación católicos, se ha impedido la celebración de Eucaristías y Procesiones, entre otros.
Antecedentes
En el año 2018 estalló una serie de protestas en contra de ciertas decisiones del gobierno de Daniel Ortega, las cuales fueron reprimidas de manera brutal. Al día de hoy se desconoce la cifra exacta de fallecidos, pero se calcula que hubo cerca de 400.
Los manifestantes eran en su mayoría jóvenes. La Policía Nacional, el Ejército y grupos paramilitares armados atacaron a la población civil y acabaron con el levantamiento. Hubo persecución y encarcelamiento contra cualquier sospechoso de apoyar las protestas.
Tampoco se tiene una cifra exacta, pero algunas organizaciones calculan más de 200 presos políticos.
