La democracia costarricense, sin duda, tiene fortalezas tales como el derecho al sufragio, la libertad de expresión, la división de los supremos poderes, la posibilidad de constituir partidos políticos cantonales, provinciales y nacionales y el que una significativa mayoría de la población sigue considerando la democracia como el mejor sistema de gobierno.
Sin embargo, desde una mirada pastoral, preocupan los signos evidentes de deterioro institucional. Así, en el discurso político se ha introducido el irrespeto, el insulto y la manipulación, las desavenencias y confrontaciones entre los supremos poderes de la República. La polarización que se observa en la sociedad dificulta notablemente el diálogo nacional en búsqueda de acuerdos para resolver los grandes problemas del país. Mientras tanto, se agigantan problemas como la delincuencia y la violencia criminal, el empoderamiento del narcotráfico, la prolongación de la emergencia educativa, el debilitamiento de la seguridad alimentaria, una seguridad social con serios problemas administrativos y operativos, que no puede contener el crecimiento de las listas de espera.
Es preocupante la elevada tasa de empleo informal que afecta la calidad del trabajo, el ingreso de las familias, la recaudación de impuestos y la cantidad de personas que contribuyen a la seguridad social. Preocupa una tasa muy baja de fecundidad, que amenaza en un mediano plazo la sostenibilidad de la seguridad social, del régimen de pensiones y de la fuerza laboral. Es apremiante la crisis humanitaria de miles de personas habitantes de la calle, que continúa creciendo.
En este contexto sociopolítico, se percibe una erosión constante en la credibilidad de las instituciones estatales, marcada por su incapacidad para resolver problemas estructurales que impactan directamente a la ciudadanía.
El menosprecio hacia los partidos políticos como instancia legítima de representación ha contribuido al debilitamiento del tejido democrático y al auge de prácticas personalistas y fragmentadas. Sin partidos sólidos y renovados que sean formadores de cultura política, ética pública y participación responsable, la democracia pierde interlocutores válidos y espacios para transformar el descontento en acción institucional.
La corrupción, acentuada por la penetración del narcotráfico, ha minado profundamente la credibilidad institucional, desdibujando el horizonte moral de nuestra democracia. La falta de transparencia, el tráfico de influencias y la impunidad deterioran el pacto ético que sostiene la convivencia democrática.
Todo eso no puede ser enfrentado sin la cooperación entre los poderes de la República. Pero no atañe solamente a las esferas gubernamentales, legislativas y judiciales, demanda la concertación y el compromiso de todos los sectores: estatales, académicos, empresariales, gremiales, religiosos y otros de la sociedad civil organizada. Necesariamente debemos sentirnos todos implicados y procurar aportar.
Anhelos para la campaña electoral que iniciamos: un llamado a la esperanza activa
La democracia no se sostiene exclusivamente en la arquitectura legal, sino en una confianza compartida que da vida auténtica a las instituciones. Ante esta realidad, se impone la necesidad de una conversión ética profunda y un compromiso renovado con el bien común, la justicia y la dignidad humana. Este proceso requiere discernimiento informado, compromiso solidario y una esperanza activa que permita transformar la coyuntura electoral en una oportunidad concreta para la renovación democrática.
La política como vocación de servicio
En el Documento de Aparecida, los Obispos de América Latina y el Caribe nos comprometimos a “apoyar la participación de la sociedad civil para la reorientación y consiguiente rehabilitación ética de la política. Por ello, son muy importantes los espacios de participación de la sociedad civil para la vigencia de la democracia, una verdadera economía solidaria y un desarrollo integral, solidario y sustentable”.[8]
Animamos a todos los partidos políticos y a sus dirigentes a reivindicar la política. El papa Francisco en su carta encíclica Fratelli tutti advertía que “para muchos la política hoy es una mala palabra, y no se puede ignorar que detrás de este hecho están a menudo los errores, la corrupción, la ineficiencia de algunos políticos. A esto se añaden las estrategias que buscan debilitarla, reemplazarla por la economía o dominarla con alguna ideología. Pero ¿puede funcionar el mundo sin política? ¿Puede haber un camino eficaz hacia la fraternidad universal y la paz social sin una buena política?”[9].
La campaña electoral actual representa una oportunidad crucial para reivindicar la política como vocación ética y servicio al bien común. El llamado es claro: los partidos y candidatos deben asumir con seriedad el desafío de dignificar la vida pública, respondiendo con transparencia, responsabilidad y altura a la creciente desconfianza ciudadana. Esto exige propuestas honestas, planes viables y acuerdos interpartidarios centrados en las necesidades reales de la población, especialmente de quienes han sido históricamente excluidos. Sólo una política guiada por principios puede devolver esperanza a la ciudadanía y reencantarla con el poder transformador de la democracia.
Ciudadanía viva: el alma de la democracia costarricense
La democracia se fortalece con una ciudadanía activa, crítica y comprometida. La participación es un derecho y un deber, expresión de nuestro amor a la Patria. Quien no se involucra, permite que otros decidan por él. Los animamos a ejercer un voto informado, consciente y responsable, libre de presiones, guiado por valores éticos. Es necesario discernir con madurez quiénes pueden liderar nuestro querido país con transparencia, compromiso social, respeto a la dignidad humana y capacidad de diálogo. La participación no se agota en el acto de votar, sino que se prolonga colaborado en lo positivo con las autoridades que resulten electas.
Instamos a toda la ciudadanía a demandar, de quienes se ofrecen a representarlos, una política guiada por los principios éticos del bien común, la solidaridad y la justicia; que los grandes temas que atañen al desarrollo humano integral de los habitantes sean el centro de los debates y den prioridad a las poblaciones empobrecidas, excluidas y rezagadas; que las propuestas para la gestión en los ámbitos de los poderes ejecutivo y legislativo sean viables, consistentes y sinceras; que desaparezca el odio y el irrespeto en los discursos políticos. El respeto a la libertad religiosa y a la autonomía de las conciencias es un principio fundamental en una sociedad democrática, incluye el derecho de las comunidades de fe —como la Iglesia Católica— a manifestar públicamente sus convicciones desde el respeto.
Representar con justicia: propuestas, respeto y escucha al pueblo
Pedimos a los aspirantes a cargos de elección popular que suscriban un acuerdo de llevar adelante una campaña centrada en ideas, planes viables y propuestas que respondan a las necesidades reales de la población, orientado a la construcción conjunta de soluciones justas y sostenibles. Aspiramos a que puedan lograr un acuerdo interpartidario sobre los grandes temas país que nos apremian –seguridad, educación, salud–, que den por sentado que, independientemente de las personas que accedan a la presidencia y vicepresidencias del Poder Ejecutivo y a los escaños legislativos, el pueblo tenga la seguridad de que llevarán a efecto los acuerdos mencionados. Que estando ya en el ejercicio de sus responsabilidades, escuchen al pueblo que los eligió, a quien deben dar cuenta de su gestión.
Los medios de comunicación tienen una responsabilidad histórica como facilitadores del discernimiento político. Su labor debe incluir un compromiso activo con la formación ciudadana, la veracidad y el contexto ético de las informaciones. La democracia necesita narrativas que ayuden a pensar y no solo a reaccionar; que promuevan el diálogo social, no el sensacionalismo. Es esencial que los periodistas y comunicadores asuman su misión como artesanos de la verdad, contribuyendo a un positivo debate público y asegurando que el espacio digital sea un ámbito para la participación responsable.
La esperanza, como virtud teologal, es el aliento que nos permite mirar más allá del desencanto. No se trata de una espera pasiva ni de un optimismo ingenuo, sino de una actitud que apuesta por la transformación desde el compromiso ético. En este proceso electoral, la esperanza nos convoca a recuperar la fe en lo público, a exigir transparencia y justicia, a reconstruir juntos el horizonte democrático.
Rogamos al Espíritu Santo que ilumine las conciencias de todos los llamados a participar en este proceso electoral que ponemos bajo la protección de Nuestra Señora de los Ángeles. Que ella, que supo acoger en su seno a nuestro Salvador, interceda por Costa Rica para que avancemos por sendas de justicia, verdad, paz y solidaridad.
San José, a los 26 días del mes de setiembre de 2025.
Los Obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica
[1] San Juan Pablo II, Carta enc. Centesimus annus, 46.
[2] Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia (en adelante, CDSI), n. 407.
[3] CDSI, n. 408.
[4] CDSI, n. 409.
[5] CDSI, n. 410.
[6] CDSI, n. 411.
[7] CDSI, n. 413.
[8] Documento de Aparecida, n. 406, inciso a.
[9] Papa Francisco, Cart. enc. Fratelli tutti, n. 176.
