Hay que hacer algo, todos coincidimos en eso, el país tiene que salir de la inercia en la que estaba, postergando decisiones de fondo, reestructuraciones necesarias y transformaciones en orden a hacer más ordenado, más equilibrado y más justo el reparto de las cargas de la vida en sociedad.
Llevan mucha razón nuestros obispos cuando señalan que a los efectos de la pandemia hay que sumar las acciones y omisiones de los gobernantes de turno que, ya desde antes de marzo de este año, tenían a Costa Rica sumida en una grave crisis económica y social.
Recién el año pasado, el país pudo ponerse de acuerdo e impulsar un ajuste tributario muy importante y muy pesado para el bolsillo de la población, en el que se asumieron nuevos impuestos junto al aumento de otros que ya existían.
Por eso no es de recibo una propuesta de un nuevo ajuste fiscal tan desbalanceada hacia el tema de impuestos como la que presentó el gobierno de la República hace unos días a los diputados como punto de partida para la negociación de un crédito con el Fondo Monetario Internacional. No es mediante un solo tipo de medidas como se puede sacar al país delante de la situación en la que se encuentra.
¿Dónde está el recorte significativo y real de gastos del gobierno central?, ¿dónde está la proactividad del Ministerio de Hacienda contra la evasión y la elusión de los impuestos, comenzando por los grandes contribuyentes?, ¿dónde esta la voluntad para hacer más eficiente y de mayor impacto el trabajo de las instituciones del Estado?, ¿por qué se siguen permitiendo abusos como las pensiones de lujo y se siguen descubriendo casos de corrupción al más alto nivel? ¿cuáles son esas medidas fuertes y dolorosas que también el gobierno está dispuesto a asumir dentro de casa?
Como dijo alguien, no se puede pedir tal cantidad de dinero para seguir haciendo lo mismo, cargando sobre los hombros del pueblo golpeado la mayor carga de la crisis.
Costa Rica está en una encrucijada, talvez la más determinante de los últimos años, en la que estamos definiendo el modelo de sociedad para las décadas que vienen, no es mucho decir que se requiere un nuevo pacto social, reformas sustanciales y cambios de fondo que aseguren la convivencia democrática, el progreso y la paz social.
La clase gobernante no puede perder la perspectiva, no puede desconocer el clamor y las necesidades de los gobernados, no puede encerrarse en su ideología sin mirar, escuchar, atender y hacer realmente suyo el sufrimiento de las personas.
Pero hay que tener valor, hay que contar con liderazgos claros y visionarios que aspiren al bien común, a la solidaridad, que sean capaces de tomar distancia de los intereses económicos y los cálculos electoreros y que decidan mirando 30, 40 y 50 años adelante.
Los diputados tienen en este momento una responsabilidad histórica, deben hacer que las decisiones que tome el país sirvan para reencauzar el creciente malestar ciudadano hacia una actitud proactiva en la que se sienta que realmente todos estamos asumiendo la responsabilidad que nos corresponde, comenzando por el gobierno mismo.
De lo contrario llevarán a Costa Rica a un barranco político, económico y social del que dolerá mucho salir. En sus manos está.
