La doctrina social de la Iglesia, en su casa común, llama a una conversión ecológica que reduzca el consumo y el daño ambiental, acompañada de una ética de responsabilidad en las decisiones públicas.
La implicación política es doble y contundente. Por un lado, se necesita una respuesta inmediata para contener la crisis sanitaria y ambiental: reforzar la vigilancia, asegurar que se cumplan los estándares de manejo de mercurio y cianuro, y garantizar atención médica y apoyo psicosocial a las comunidades afectadas.
Por otro, se debe construir un marco de gobernanza que no sólo declare buenas intenciones, sino que funcione con transparencia, participación y rendición de cuentas.
La consulta real con comunidades afectadas, universidades, organizaciones civiles y expertos independientes debe convertirse en la norma, de modo que cada decisión esté informada, justificada y pueda ser auditada. Fratelli Tutti y Laudato Si’ ofrecen guías sobre inclusión, justicia y conversión ecológica para fundamentar estas políticas.
La crítica a la tentación regulatoria que propone explotar la zona no debe quedarse en la descalificación: debe enfrentarse con claridad.
Legalizar una actividad dañina no es una solución sino una complicidad con dinámicas que han generado daño.
En su lugar, se deben explorar rutas que respeten la dignidad humana y la casa común: alternativas económicas sostenibles, diversificación productiva, turismo ecológico, agroecología y valor agregado a recursos sin sacrificar la salud ni la integridad de los ecosistemas.
La preservación de recursos, la innovación tecnológica limpia y los enfoques de economía local pueden formar parte de ese abanico, siempre bajo una gobernanza que ponga la vida en el centro y acompañe a las comunidades en su proceso de reconstrucción.
La participación ciudadana emerge como un componente indispensable. La escucha no puede ser un acto puntual: debe convertirse en un proceso continuo de consulta, información verificada, asesoría técnica independiente y rendición de cuentas.
Las comunidades vulnerables deben contar, incluso cuando sus voces no coincidan con los intereses dominantes. En democracia, la justicia no es abstracta: es la posibilidad concreta de que cada persona pueda vivir con dignidad en un entorno sano y seguro. Este principio se alinea con Fratelli Tutti, que aboga por una participación inclusiva y la protección de los derechos de todos, especialmente de los pobres (2020).
La responsabilidad de los actores políticos de Costa Rica es, en última instancia, una responsabilidad de servicio. Si la prioridad de la ganancia económica eclipsa el bienestar de las personas, la justicia no se alcanza.
Por ello, las políticas públicas deben ser realistas y éticas: revisión rigurosa de concesiones y permisos, suspensión o revocación cuando exista riesgo para la salud y el ecosistema, planes de remediación y compensación a las comunidades afectadas, y, sobre todo, una visión de desarrollo que honre la biodiversidad y el patrimonio de la nación sin imponer costos humanos indecibles.
Costa Rica no puede permitirse una doble moral: prometer protección ambiental mientras se cede ante intereses que erosionan la vida de su gente. Laudato Si’ (Papa Francisco, 2015) y Fratelli Tutti (Papa Francisco, 2020) acompañan este llamado a la coherencia entre palabras y hechos.
La ruta que se propone, entonces, no es una única solución sino un marco de respuestas entrelazadas. Implementar medidas de saneamiento ambiental, monitoreo de agua y suelos, y planes de remediación con participación comunitaria y evaluación independiente.
Impulsar modelos de desarrollo alternativo que generen ingresos sin dañar la tierra, como turismo sostenible, agroecología y valor agregado de recursos. Fortalecer marcos de gobernanza inclusiva que aseguren consulta y rendición de cuentas en ciclos de toma de decisiones. Y, en todo ello, buscar una economía que sirva a la gente, que cuide la casa común y que proteja a los más frágiles.
En un país que ha hecho de la conservación una seña de identidad, la crisis de Crucitas es una llamada a vivir con coherencia entre palabras y actos.
Las políticas deben traducirse en medidas visibles: protección inmediata de la salud, remediación ambiental, fortalecimiento de la gobernanza y promoción de alternativas que protejan a las comunidades sin sacrificar el sustento de la región.
La verdadera reparación requiere un conjunto articulado de acciones: la vida por delante, la justicia para los más vulnerables y una economía que encuentre su sentido real en el cuidado de la casa común. Solo así Costa Rica podrá sostener su legado y seguir siendo un referente de dignidad y solidaridad en la región.
Si hay algo que debemos recordar, es que las soluciones parciales, las promesas vacías y las recetas simplistas no curan una herida profunda.
Se necesita valentía para enfrentar la ilegalidad sin exacerbar la vulnerabilidad de las comunidades, transparencia para que la ciudadanía conozca qué se decide y por qué, y una solidaridad que haga a la nación más fuerte y más humana.
En Crucitas, la política debe ser puente y promesa cumplida: un compromiso de proteger la vida, cuidar la creación y defender a los más pobres. Esa es la verdadera ciudadanía: mirar al otro, enfrentar la verdad con coraje y decidir con prudencia para que la Costa Rica de hoy no traicione a la Costa Rica de mañana.
