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Art.39: Una diócesis en camino...

By Pbro. Fernando A. Vílchez Campos. Diciembre 02, 2020
En espera de un obispo propio. En espera de un obispo propio.

En vísperas de la Independencia se insiste en la necesidad de contar con una diócesis propia.

En España luego del proceso de “restauración” monárquica en el período 1814-1820, se instaura el así llamado “trienio constitucional” (1820-1823) en el cual, producto de los levantamientos populares y la presión general, el rey Fernando VII (1808/1813-1833) jura la Constitución liberal el 9 de marzo de 1820, creando una “Junta Consultiva” de Gobierno que será conocida como las Cortes de Madrid. El 10 de marzo de 1820 el Rey se dirige a las Provincias para que envíen diputados y solicitudes a las Cortes.

En este contexto los síndicos del Ayuntamiento de la “Muy noble y leal ciudad de Cartago”, y el Gobernador Juan Manuel de Cañas (1820-1821), entre octubre y diciembre de 1820, reiteran en sendos documentos dirigidos al monarca y a los representantes ante las Cortes, la solicitud de la erección del obispado de Costa Rica, con los argumentos de la distancia en relación la sede León, la necesidad de visita episcopal, la capacidad económica para el sostenimiento de la sede y la inclusión del Partido de Nicoya para tal fin.

El asunto se trató en las Cortes en mayo de 1821, en que fue remitido a Comisiones para su respectivo estudio. Pero los acontecimientos de esos años dejaron en el olvido la propuesta. Por tanto, habrá que esperar el período republicano para que se haga realidad el ansiado sueño colonial de que nuestra Provincia contara con Obispo propio.

Consumada la independencia en 1821 y desmoronado el Imperio de Iturbide (1822-1823) en marzo de 1823, los países centroamericanos buscaron elaborar un plan de gobierno conjunto. Para ese efecto se reunió en junio de 1823 en Guatemala una Asamblea Nacional Constituyente, que el 22 de noviembre de 1824 decretó una Constitución, según la cual, la República Federal Centroamericana (1824-1839), con sede en Guatemala, se regiría por tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, elegidos por todos los Estados, autónomos a su vez y con organización semejante.

En Costa Rica hubo elecciones para elegir el Congreso propio, que se instaló el 6 de setiembre de 1824 y el 8 fue elegido el primer Jefe de Estado, don Juan Mora Fernández (1824-1825,1825-1829,1829-1833). Encaminada así la situación política, se pensó en la eclesiástica, retomándose la urgencia de la erección del obispado.

El Gobierno Federal de Guatemala se ocupó seriamente de la erección de los obispados de El Salvador y de Costa Rica y sometió el asunto a la Asamblea Nacional Constituyente. El 31 de mayo de 1824 se presentó un proyecto para que, con intervención de la Santa Sede, a la que se habría de enviar un ministro para aprobar la erección de la Diócesis salvadoreña, se acordara la misma gracia para Costa Rica. Se encomendó a la Comisión de Negocios Eclesiásticos su estudio y ésta pidió un informe al Gobierno de Guatemala y al Obispo de Nicaragua, Fray Nicolás García Jerez O.P. (1806-1825).

Éste último envió su respuesta el 8 de julio de 1824, manifestando su aprobación para la erección del obispado, aunque manifestando su preocupación por la insuficiencia de los diezmos que pudieran sostenerlo, comprobándolo con el envío de los respectivos datos.

En dicho informe, el Obispo recuerda que ya en 1815 con motivo de su visita a Costa Rica manifestó la aprobación de la respectiva Diócesis de Cartago en esta Provincia, pero que “lo muy escaso de los diezmos de Costa Rica serían siempre un obstáculo invencible”. Constatando que en aquel momento no se erigió el obispado solicitado por razón de la pobreza de la Provincia y pidiendo ahora “acelerar el momento en que se vea en Costa Rica un nuevo Obispo enviado e instituido por el Vicario de Jesucristo”.

Indicación muy importante ésta última, pues el Obispo preveía lo que podía suceder en Costa Rica, dado que, en El Salvador poco antes, en mayo de 1824, el Gobierno civil erigió inválidamente la Diócesis y nombró Obispo al P. José Matías Delgado y de León (1767-1832), estando a punto de provocarse un cisma. Dado que, algunas autoridades de los nuevos Estados consideraron erróneamente que heredaron sin más las prerrogativas que tenía la Corona española por el Patronato.

El informe del Obispo y los estados de los diezmos se sometieron al estudio de la Comisión de Negocios Eclesiásticos, nombrada por la Asamblea de Guatemala, que el 2 de setiembre de 1824, indicó que estaba de acuerdo con el informe del Obispo, por lo que “juzga conveniente y necesaria la erección de una silla episcopal en aquel Estado”, pero considera que los diezmos no son suficientes para su sostenimiento, por lo que pide que se solicite un informe al Gobierno de Costa Rica.

El expediente sobre la erección de obispado fue enviado el 6 de setiembre de 1824 a Costa Rica. Las autoridades de Guatemala comprendieron que este asunto debía tratarse con la Santa Sede y reafirmaron en consecuencia su deseo de mandar un Enviado Extraordinario a Roma para negociar el tema con el Sumo Pontífice.

La escasez de recursos obligó al Gobierno Federal a suspender el viaje del Enviado Extraordinario hasta tanto que quedara arreglado el empréstito que se había solicitado en Inglaterra y que estaba en vías de verificarse. De nuevo el asunto quedó en espera y sin respuesta.

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