La Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR) presentó una coadyuvancia activa en apoyo a la Acción de Inconstitucionalidad interpuesta por dos trabajadoras del Ministerio de Hacienda, quienes señalan la violación de los derechos humanos, pues se obliga a los funcionarios a participar de cursos de ideología de género.
La Sala Constitucional acogió y tramita la Acción de Inconstitucionalidad llevada a cabo por estas dos trabajadoras, ambas abogadas, en contra de estos cursos obligatorios, considerados adoctrinadores.
La CECOR presentó la coadyuvancia ayer, jueves 17 de setiembre, principalmente en defensa de los derechos humanos como la Libertad de Conciencia, de Pensamiento y de Culto, para apoyar en su lucha a estas dos mujeres, ambas abogadas y católicas.
Desde el 2015 el gobierno de la República, bajo la presidencia de Luis Guillermo Solís, emitió el Decreto Ejecutivo No. 38999 llamado “Política del Poder Ejecutivo para erradicar de sus instituciones la discriminación hacia la población LGBTI”.
Las accionantes señalan que en el curso se imparten las teorías de la llamada ideología de género, en la cual, por ejemplo, se desconoce la naturaleza biológica del hombre y la mujer y se dice que la heterosexualidad es una cuestión meramente cultural impuesta por la “sociedad patriarcal”.
También se les obliga a utilizar el llamado “lenguaje inclusivo” y se les advierte de que no participar y aprobar estos cursos puede traerles sanciones.
Las funcionarias argumentan que este tipo de ideología va en contra no solo de sus principios y valores como católicas practicantes, sino también de la Biología, la Genética y la Neurociencia.
La Coadyuvancia presentada señala que: “No es cierto que la fe cristiana, la libertad de conciencia asociada a la de culto promuevan discriminación, odio o conductas perturbadoras en la sociedad. Ni tampoco es cierto que mediante pretendidas imposiciones normativas se pueda cambiar la sociedad vulnerando los derechos básicos de otros”.
Y agrega: “Esa libertad de conciencia, de tener creencias y expresarlas, y de libertad de culto son pilares fundamentales del Estado de derecho y del Estado democrático, limitarlas ante una agenda de políticas públicas que promueve el gobierno de la República, que pueden ser bien intencionados, debe sopesarse de manera clara”.
También se advierte que se trata de una política que no promueve competencias propiamente de la administración pública o a nivel profesional, ni tampoco respecto al mejoramiento del servicio como tal, por lo que se estima como una solicitud abusiva por parte del Estado que minimiza el ejercicio de las libertades de los funcionarios.
“Al conculcarse la libertad del desarrollo de la conciencia, de objetar de conciencia no solamente con base en la fe, sino también en la ciencia y en creencias derivadas de la fe, es realmente un ataque a lo más íntimo y valioso del ser humano”.
La Conferencia Episcopal señala que se trata de un curso de adoctrinamiento que obliga a dejar de lado, la conciencia, los principios y la fe de los funcionarios.
“En efecto no se trata de la educación y promoción de una política pública que tienda a no discriminar, sino que va más mucho más allá, y cede a la tentación de querer obligar a personas con el fin de coaccionarlas y así lograr cierto tipo de conductas en los ámbitos laborales que limiten el pensamiento, las creencias y el derecho de objetar de conciencia”, expone el documento.
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