Dos funcionarias de la Dirección General de Servicio Civil interpusieron un Recurso de Amparo en contra de la obligación impuesta a los empleados públicos de recibir una formación obligatoria, en la que se ideologiza, de manera contraria a sus creencias, según señalan.
El Recurso fue acogido por la Sala Constitucional el pasado miércoles 22 de setiembre para su estudio. Se suma a la Acción de Inconstitucionalidad, tramitada por otras dos funcionarias del Ministerio de Hacienda, en contra de estos cursos considerados adoctrinadores.
Las trabajadoras del Servicio Civil, Andrea Cecilia Brenes Rojas y Karina Diaz Chavarría, se identifican como cristianas y como tales aseguran que están en contra de cualquier tipo de discriminación e irrespeto de los derechos y el trato digno a las personas LGTBI, “a quienes amamos, respetamos y amamos profundamente como hijos de Dios”, exponen.
No obstante, no están de acuerdo con la “imposición de un pensamiento que busca obligarnos a aceptar ideologías que pretenden partir en dos los aspectos de la realidad como “«el sexo biológico (sex) y el papel sociocultural del sexo (gender)”, que se pueden distinguir, pero no separar”.
Esas ideas, denuncian, “son contrarias a nuestras creencias, constituyendo esa imposición un acto de intolerancia y discriminación fundado en la Religión que violenta nuestros derechos humanos a la libertad de culto y de conciencia”.
Tanto Brenes como Díaz se amparan en los artículos 29 y 75 de la Constitución Política, el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los artículos 1 y 3 de la Declaración sobre la Eliminación de Todas las Formas de Intolerancia y Discriminación fundadas en la Religión o las Convicciones, entre otros.
Desde el 2015 el gobierno de la República emitió el Decreto Ejecutivo No. 38999 llamado: “Política del Poder Ejecutivo para erradicar de sus instituciones la discriminación hacia la población LGBTI”, el cual obliga a los empleados públicos a llevar y aprobar un curso de “sensibilización”, el cual ha sido considerado como adoctrinador, quienes no cumplan se exponen a sanciones.
El jueves 17 de setiembre la Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR) presentó una coadyuvancia activa, en apoyo de la Acción de Inconstitucionalidad interpuesta por dos trabajadoras del Ministerio de Hacienda.
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