Efectivamente hay una drástica reducción del flujo migratorio proveniente del sur del continente. De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), los cruces de migrantes de sur a norte del país pasaron de 14.400 en 2024 a 1.600 entre enero-febrero de 2025 y, a mediados de marzo de este año, cero personas cruzaron hacia el norte.
Esto guarda relación con las medidas anti-migratorias implementadas por Estados Unidos, así como por otros países de la Región Caribe, Norte y Centroamérica, para impedir o desestimular el ingreso de migrantes a la nación norteamericana, las cuales obedecen en buena parte a la presión ejercida por el gobierno de Donald Trump.
Migrar es un derecho humano, así lo establece la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es decir, ninguna persona, por el solo hecho de moverse, debe ser criminalizada.
Por otro lado, cada Estado tiene soberanía para decidir a quién recibe y bajo qué condiciones (por ejemplo, una visa temporal). Sin embargo, muchas veces los gobiernos se amparan en esto para generar políticas discriminatorias, excluyentes y que incluso criminalizan a los migrantes, esto con el fin de desalentar la migración.
La Iglesia, por su parte, busca responder a estos cambios en el fenómeno migratorio, superar los obstáculos que se impongan en el camino y ser voz profética, aun cuando se trate de un discurso que no resulte del agrado de todos.
Reunión de responsables
Recientemente, se llevó a cabo en Costa Rica la XII Reunión Regional de Obispos y Agentes de Movilidad Humana, en la Escuela Social Juan XXIII, en La Unión de Cartago.
El encuentro tuvo como objetivo compartir experiencias, testimonios e investigaciones, para analizar la realidad migratoria actual a la luz de la Palabra de Dios y plantear caminos de colaboración conjunta.
Participaron cardenales, obispos, sacerdotes y laicos misioneros, representantes de las Conferencias Episcopales de Norte, Centroamérica y el Caribe, implicados en el tema de movilidad humana. Entre los presentes estuvo el Cardenal Fabio Cardenal Fabio Baggio, subsecretario del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.
Se brindaron informes sobre la realidad de los países de la región, se analizaron los desafíos en el ámbito pastoral y de atención a las personas migrantes, entre otros temas.
Un momento particularmente simbólico fue el encuentro con líderes de la etnia misquita de Nicaragua y con migrantes venezolanos con retorno forzado (es decir, que no pudieron llegar a su destino y se vieron obligados a volver). Se trata de hombres y mujeres que reciben acompañamiento del Centro Claretiano de Atención al Migrante, en San José.
Políticas y consecuencias devastadoras
Mons. Daniel Francisco Blanco, obispo auxiliar de San José y presidente de la Comisión Nacional de Movilidad Humana, dio la bienvenida a los participantes y brindó unas palabras, en las que recordó cómo se generó este espacio y cómo se ha mantenido por más de 10 años.
Destacó principalmente que ha servido para llevar a cabo acción pastoral conjunta y estrategias. También reflexionó sobre los retos y desafíos. “El comportamiento del flujo migratorio ha variado radicalmente y las políticas de disuasión, expulsión y persecución son cada vez más deshumanizantes, posiblemente nos estamos quedando cortos, posiblemente el talante profético para denunciar las injusticias no se ha hecho sentir como corresponde”, lamentó.
Y -expuso-, aun en medio de las decisiones políticas y sus consecuencias devastadoras, “en la celebración del año Jubilar de la Esperanza, debemos hacer creíble la Esperanza”. La Iglesia -señaló- es el cuerpo de Cristo, el lugar donde se manifiesta la presencia encarnada de Cristo y, si hay una realidad en este mundo desde donde se debe transpirar esperanza es en nuestras respectivas iglesias locales.
El obispo agregó que: “Hemos estado a la altura, muchas veces respondiendo en condiciones muy limitadas, ante la carencia de recursos financieros o recursos humanos, experimentado persecución y amenazas, pero no hemos desistido y obstinadamente con el celo y el impulso que sólo el Espíritu Santo imprime en los corazones, se ha salido adelante”.
Criminalización del migrante
Las políticas migratorias emprendidas por el gobierno de Estados Unidos han provocado cambios en el fenómeno migratorio, estas poseen “una visión punitiva que criminaliza a las personas migrantes y redefine su presencia como una amenaza a la seguridad nacional estadounidense”. Fue parte de los expuesto por el sociólogo Abelardo Morales Gamboa y la psicóloga Magaly Zúñiga, ambos investigadores del tema migratorio.
Los investigadores argumentaron que esa visión criminalizante de los migrantes se ve reflejada en la forma en cómo se hacen las deportaciones y la llamada “cacería de migrantes”.
Al mismo tiempo, el gobierno estadounidense ha emprendido una serie de represalias contra instituciones, organizaciones, medios de comunicación independientes, jueces y otros que se manifiestan en contra de estas medidas.
Este tipo de medidas provoca un debilitamiento de programas de asistencia y atención a migrantes, por lo tanto se dificulta la labor que se lleva a cabo en ese sentido, incluida la realizada por la Iglesia Católica. Ante esta situación, la Iglesia y otras organizaciones deben adaptarse para brindar atención a los migrantes y responder a los nuevos cambios en el fenómeno migratorio, como ocurre ahora con el flujo inverso, es decir, de personas que regresan a su país de origen, tras ser detenidos o deportados, según concluyen en su estudio.
