En las últimas semanas, el panorama mediático costarricense ha sido sacudido por un anuncio que amenaza con alterar de manera profunda la comunicación social del país: el proceso de licitación de frecuencias radiales y televisivas impulsado por el Gobierno de la República.

Bajo el argumento de modernizar y transparentar el uso del espectro radioeléctrico, se pretende someter a concurso público todas las frecuencias actualmente concesionadas, lo cual incluiría a decenas de emisoras culturales, comunitarias y religiosas.

Sin embargo, detrás de la aparente neutralidad técnica y administrativa de este proceso, se oculta una realidad preocupante: muchas emisoras católicas, sostenidas con esfuerzo por diócesis, parroquias y movimientos laicales, no tienen los recursos económicos, la estructura empresarial ni las capacidades técnicas para compartir en igualdad de condiciones con grandes consorcios comerciales o con empresas que buscan aprovechar el espectro radioeléctrico como un negocio lucrativo más.

Si la licitación, como parece pretenderse, se realiza sin criterios diferenciados ni un trato justo para los medios de servicio social, el resultado podría ser el silenciamiento de buena parte de las voces católicas que por décadas han acompañado y evangelizado al pueblo costarricense desde las ondas radiales.

Hay que recordar que las emisoras de la Iglesia Católica no son empresas con fines de lucro. Su misión no se mide en ganancias económicas, sino en su capacidad de evangelizar, formar, acompañar y servir. Por muchos años, estas radios han sido, para generaciones de costarricenses, escuela de valores, espacios de encuentro comunitario, promotoras de la paz y defensoras de la justicia y la dignidad humana.

En muchas comunidades rurales, la radio católica sigue siendo una presencia fiel, cercana y profundamente humana. Ha sido, y sigue siendo, voz para los que no tienen voz, plataforma de anuncio y denuncia, compañía para los enfermos, consuelo para los que sufren y medio para mover la solidaridad en tiempos de catástrofes, emergencias o crisis nacionales.

El Estado tiene todo el derecho y hasta el deber de ordenar el uso del espectro radioeléctrico, que es un bien público, pero ese ordenamiento no puede hacerse a costa del bien común ni sacrificando la pluralidad de voces que enriquecen la democracia costarricense.

Tratar de igual forma a una gran corporación mediática, que hace negocios millonarios con su concesión, y a una emisora diocesana sin fines de lucro no es justicia, es un trato injusto, porque la verdadera justicia requiere proporcionalidad, discernimiento y sensibilidad social.

La Iglesia Católica, en su Doctrina Social, recuerda que los medios de comunicación son instrumentos al servicio de la verdad y del desarrollo integral de las personas.

En el decreto Inter mirifica, el Concilio Vaticano II afirma que estos medios deben de contribuir a la formación y a la difusión de la cultura y de los valores morales. Precisamente lo que hacen las radios católicas que, con su labor diaria, silenciosa y esforzada, cumplen la misión de un servicio público de forma ejemplar.