Hace unos diez años, la polémica nacional giraba alrededor del tema de la minería de oro a cielo abierto, dadas las intenciones de una compañía canadiense de explotar el preciado metal en nuestro país, específicamente en Las Crucitas de Cutris, en San Carlos.

Dicha empresa contaba con el apoyo del gobierno de don Óscar Arias, e incluso recibió de su parte un decreto de interés público y conveniencia nacional para desarrollar la actividad.

La situación devino en todo un complejo conflicto social en el que salieron a relucir muchos intereses de por medio. El tema llegó al campo judicial y finalmente el proyecto de minería de oro a cielo abierto fue abandonado, por lo menos formalmente.

En medio de la creciente crispación social, los obispos de la época abogaban por una visión integral que antepusiera el bien colectivo, el cuido del ambiente y la protección de la vida a la voracidad económica y la expoliación de los recursos naturales a cambio de nada o muy poco para las personas y comunidades alrededor del proyecto y en general del país.

“No es justo que un proyecto como este, donde el interés particular está sobre el bien común, divida nuestras comunidades rurales, sin medir que se trata de una riesgosa actividad y sin mirar la responsabilidad que se tiene con las futuras generaciones”, orientaba la Conferencia Episcopal en uno de sus comunicados, recordando el magisterio del Papa Benedicto XVI: “Los costes que se derivan de la utilización de los recursos ambientales comunes no pueden dejarse a cargo de las generaciones futuras”.

En particular, la Oficina de Pastoral Social de la Diócesis de Ciudad Quesada jugó un papel determinante iluminando la coyuntura desde la Doctrina Social de la Iglesia.

En concreto, se ofrecieron criterios y se integraron grupos de reflexión para que los creyentes tuvieran otros elementos de análisis, aparte los datos técnicos y las supuestas proyecciones económicas, para valorar la pertinencia de proyectos como la minería a cielo abierto.

No se podría ignorar tampoco el papel que jugaron las organizaciones ambientalistas que hicieron de Crucitas su bandera de batalla ideológica, una visión tristemente desbalanceada y pasajera porque tampoco fueron capaces de impulsar soluciones de desarrollo integral a largo plazo, armónico con el ambiente como lo pregonaban, para los empobrecidos pueblos fronterizos alrededor de la mina.

La falta de un acuerdo nacional sobre el tema y de liderazgos más prudentes y más centrados en el bien del país llevaron al abandono total de Crucitas, una acción que significó la puerta para que bandas organizadas tomaran el control y comenzaran una actividad lucrativa de extracción ilegal de oro en el que se mezclaron delitos de todo tipo, contra el ambiente y contra las personas.