Nuestros antepasados siempre recomendaba no vivir de prestado. Esto es, con el dinero de otro, asumiendo deudas por encima de lo que se ganaba y menos para mantener un estilo de vida más allá de las posibilidades reales que se tenían. Las deudas, afirmaban nuestros abuelos, nunca venían solas y nunca el dinero es prestado con desinterés.

Estando Costa Rica a las puertas de una negociación con el Fondo Monetario Internacional, el FMI, para obtener un crédito de 1750 millones de dólares por medio de un acuerdo de asistencia financiera por tres años, viene bien recordar la sabiduría de los mayores.

La crisis económica derivada de la pandemia de Covid-19 ha empujado a la necesidad de encontrar recursos que permitan mantener estable el país en el corto y mediano plazo, esperando que resucite la actividad de los actores económicos .

Según datos del Banco Central, el Producto Interno Bruto (PIB) disminuirá un 5% este año, como consecuencia de la crisis por la pandemia, con una recuperación gradual a partir del 2021. Se proyecta que la fuerte caída de los ingresos fiscales como resultado de la crisis llevará a un déficit fiscal superior a un 9% del PIB este año, y la deuda del Gobierno Central alcanzará casi el 70% del PIB.

El crédito es presentado por el gobierno como una tabla de salvación, prácticamente la única, o la más importante, dentro de su estrategia para enfrentar la aguda crisis que viven en carne propia miles de familias arrastradas a la pobreza por el desempleo y la falta de oportunidades.

Posiblemente no sea un solo tipo de medidas las que permitan disponer de recursos, sino una combinación de ellas, como, por ejemplo, una drástica captación de tributos evadidos o eludidos, imposiciones fiscales temporales a los sectores de mayor ingreso, incluido el capital financiero, aprovechamiento de los presupuestos subejecutados, recursos de las reservas internacionales monetarias y una mayor proactividad del Banco Central, entre otras.

Desde el punto de vista económico, desde luego que el financiamiento es una herramienta válida, siempre que se negocie en términos  favorables y sin comprometerse más allá de las posibilidades reales, custodiando lo que es consustancial a quien toma el préstamo.

Se trata pues, de no hipotecar la casa en la que se vive o el terreno en el que se trabaja, como recomendarían nuestros abuelos desde su perspectiva y experiencia.

Este es el punto crítico, ¿cuáles son las condiciones en las que se negociará el crédito con el FMI?, ¿hipotecaremos la casa o el terreno?, ¿qué futuro nos espera?

Por eso es fundamental que se mantenga absoluta transparencia en todo lo que se haga y transe alrededor de este crédito. Por experiencia sabemos que el FMI no es una obra de caridad de los millonarios del mundo, siempre pide algo a cambio y muchas veces es más que el propio dinero que presta, pues pretende transformaciones estructurales de fondo, con consecuencias sociales muchas veces opuestas a un modelo de desarrollo justo y solidario.

En la década de los años 80 los PAES (Programas de Ajuste Estructural), impuestos por el FMI, delinearon un modelo de Estado y de economía que, por ejemplo, convirtió a Costa Rica en uno de los países más desiguales del mundo y sumió en la pobreza a un 20% de la población sin que nada ni nadie haya podido sacarlos de ahí desde entonces.

Tampoco podría pensarse en cargar este préstamo en el pueblo a través de nuevos o mayores impuestos, por medio de la venta de activos esenciales, como algunos que se han mencionado del sector financiero y de las telecomunicaciones o a través del debilitamiento de instituciones públicas en beneficio de intereses económicos privados o transnacionales.