La idea es que el trabajo forme parte de la misma pena impuesta por el juez según el perfil y las circunstancias de cada interno, de forma que el tiempo en prisión se transforme en una oportunidad para que adquieran habilidades y conocimientos útiles para su futura vida en libertad.
Como sabemos, en su gran mayoría, las cárceles del país son escuelas de delincuencia en las que los privados de libertad pasan el tiempo sin hacer nada, gastando los días entre el ocio y la desocupación.
Y como bien enseña la sabiduría popular, la vagabundería es la madre de todos los vicios. Muchos internos, lejos de prepararse para una nueva vida en sociedad, establecen o continúan sus relaciones nocivas y se involucran en una cantidad impensable de actividades ilícitas, sin mencionar los conflictos internos, las riñas y los abusos de todo tipo que se dan en la cotidianidad de los centros penales.
Todos conocemos alguien que ha sido estafado, o que por lo menos lo han intentado hacer, desde una cárcel del país. Hace unos años se descubrió que hasta funcionaba como una especie de call center, desde donde se hacía -y se sigue haciendo sin duda alguna- trabajo de ingeniería social para lograr despojar de sus recursos a quienes, con exceso de confianza, cayeran en su trampa y les suministran información sensible de sus cuentas bancarias, entorno familiar y actividades económicas.
Desde luego, existen muchas historias diferentes de superación personal y deseo auténtico de salir adelante, que se traducen en testimonios de vida que, precisamente, confirman que, con esfuerzo, apoyo y determinación, es posible salir del círculo del delito en que muchas veces se han convertido nuestros centros penales.
Según el proyecto de ley en cuestión, el gasto mensual de manutención de cada privado de libertad en Costa Rica asciende a aproximadamente 437.840 colones, una carga que asumimos todos los costarricenses a través de nuestros impuestos.
Por eso es que este proyecto de ley tiene un apoyo inusitado por parte de la ciudadanía, cansada de los excesos que se cometen en su contra, sin que haya una autoridad que equilibre las cargas y haga que estas personas que han cometido delitos, por lo menos, trabajen para mantenerse y devuelvan a la sociedad un poco del mal que le han hecho.
El trabajo, adecuadamente regulado y supervisado, de los privados de libertad les permitiría no solo pagar lo que se comen, como hacemos todas las personas honradas, sino también contribuir con la economía de sus propios hogares, apoyando económicamente a sus hijos y parejas fuera de prisión, generando un impacto positivo en su entorno.
La evidencia, aquí mismo en Costa Rica, con todas las limitaciones que hay, ha demostrado que el trabajo en las cárceles es un factor clave para la reinserción social de los reclusos. Al ofrecerles una oportunidad para aprender y practicar oficios, se promueve que, al cumplir su condena, estas personas regresen a la sociedad con herramientas para convertirse en ciudadanos productivos.
El trabajo dentro de los centros penitenciarios tiene, además, un valor educativo que trasciende lo económico. Al adquirir hábitos y valores como la autodisciplina, la puntualidad, la responsabilidad y el respeto por los demás, los internos estructuran su vida cotidiana, lo que les aporta estabilidad emocional, reduce la conflictividad en los centros y contribuye al orden social.
Como bien establece el mismo proyecto de ley, en conjunto con la nueva legislación, es necesario promover la creación de convenios con instituciones públicas y privadas, facilitando la colaboración entre el sector público y el privado para ofrecer alternativas laborales a los privados de libertad.
Esto no solo ampliará las oportunidades de empleo dentro de las cárceles, sino que también generará un impacto positivo en el desarrollo económico y social del país.
Coincidimos de que se trata de una iniciativa positiva que incidirá en la recuperación de la seguridad y la paz en nuestro país, evitando la reincidencia en el delito de las personas que vayan recuperando su libertad.
Desde luego, hay que seguir apoyando también los procesos de acompañamiento humano y espiritual hacia los privados de libertad, como bien lo hacen desde muchos años los diligentes agentes de pastoral penitenciaria, pues las transformaciones verdaderas de vida nacen, primero, en el corazón de las personas.
